Cerca de 3 mil 500 empresas de seguridad privada «están en riesgo» de quedarse sin registro.

A pesar de la reforma que amplió los plazos en materia de subcontratación al 1º de septiembre próximo, unas 3 mil 500 empresas de seguridad privada “están en riesgo” de quedarse sin el Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), debido a que este sector enfrenta una sobrerregulación “imposible de cumplir”, advirtió Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

En entrevista, indicó que uno de los problemas en la seguridad privada es que está “sobrerregulada”, al crearse leyes de carácter “asimétrico” que incluyen lineamientos diferentes entre sí.

Es decir, se trata de una ley federal, 32 leyes estatales y otras de carácter municipal, principalmente en el estado de Guanajuato; eso obliga a las empresas a cumplir con varias de ellas, en función de los sitios donde opere, explicó.

“Esa asimetría jurídica genera problemas legales al sector, que se traducen en un incremento de empresas que operan al margen de la ley y se les conoce como empresas patito”, comentó el presidente del CNSP.

Señaló que actualmente existen unas 6 mil empresas de seguridad privada que generan 1.4 por ciento del producto interno bruto del país y que emplean a 500 mil elementos. Sin embargo, 56 por ciento de ellas operan de forma ilegal porque no pagan impuestos ni dan prestaciones de ley a sus empleados.

Sapién Santos indicó que dichas empresas incumplen sus obligaciones fiscales y de seguridad social frente al Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, lo cual coloca a 250 mil guardias de seguridad privada en el limbo.

“Esto ha generado retrasos, cierta problemática y definitivamente es que deben regularizarse. De lo contrario, no podrán seguir desempeñando un servicio que no es congruente con lo que exigen hoy las normas de carácter laboral”, subrayó.

En julio pasado, el Congreso aprobó la prórroga de un mes –del 1º de agosto al 1º de septiembre– de la reforma de outsourcing y se modificaron seis artículos transitorios de la legislación en la materia que entró en vigor el pasado 24 de abril.

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